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La Junta de Andalucía publica la Guía para la Justificación de las subvenciones de Formación para desempleados.
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La normativa indica que para la justificación de las subvenciones concedidas, la entidad beneficiaria deberá presentar la cuenta justificativa con aportación de un informe de auditor, es decir, una justificación de costes tras la finalización del periodo formativo.

Los instrumentos principales son la la cuenta justificativa y el informe de auditor, que favorecerán la celeridad del procedimiento liquidatorio de la subvención concedida, pues permiten que la verificación y comprobación de los documentos probatorios y la realidad de los gastos elegibles efectivamente ejecutados y pagados por parte de la entidad beneficiaria. No es necesario la presentación física de la documentación acreditativa de los gastos ante el órgano gestor de los expedientes.

La empresa beneficiaria de las subvenciones deberá declarar la totalidad de los gastos y costes realizados sin que, pero en ningún caso, el coste de los gastos subvencionables pueda ser superior a su valor de mercado.

Por otro lado, la suma de los costes asociados no podrá ser superior al 10% de los costes de la actividad formativa aplicado sobre la subvención definitiva, es decir, no podrá superar el 10% de los costes aprobados de la actividad formativa, una vez que el órgano gestor compruebe la subvención se la aplicará el porcentaje sobre el total elegible. Por ejemplo: Si la subvención es de 100.000 y la entidad utiliza o justifica de € forma adecuada 80.000 , el límite quedaría establecido en 8.000 .

No se considera subvencionable los intereses deudores de las cuentas bancarias, la adquisición de mobiliario, equipos, vehículos, infraestructuras, bienes inmuebles y terrenos, los acreditados con documentos que no reflejen de manera clara el concepto del gasto y la cantidad, ni los gastos en los que falta el correspondiente justificante de pago.

En cuanto a la vinculación, en los casos en que la entidad beneficiaria ejecute por sí misma las acciones formativas y sea necesario para poder realizar dicha actividad la contratación de nuevo personal y/o nuevos alquileres y servicios.

En el caso de personal formador siempre que exista vinculación entre la entidad beneficiaria y la empresa contratada para impartir la formación deberá solicitarse autorización previamente.

Se consideran entidades o empresas vinculadas a las personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo, las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos. En el caso que sea será necesaria la previa solicitud de autorización por parte del órgano gestor ésta deberá ser emitida en el plazo de 15 días, a contar desde la solicitud del auditor junto con los documentos originales que la integran y los Anexos de justificación que correspondan (Anexos XII al XXIII de la Resolución 29 de agosto de 2016) A estos efectos la entidad presentará la justificación económica de todo el expediente una sola vez.

La contratación del personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación, no obstante se podrá autorizar, con carácter excepcional, la participación simultánea de dos o más formadores en el mismo horario y para la misma acción formativa, para grupos de alumnos pertenecientes a colectivos especiales, o cuando las características propias de la impartición de la especialidad lo requiera.

En consecuencia, se podrán imputar los gastos de dos o más formadores simultáneamente cuando, por razones pedagógicas, se considere necesario para un mejor aprovechamiento por parte del alumnado.

En cuanto a los profesores, se distinguen:

-Formadores contratados como trabajadores por cuenta ajena: Cuando la imputación del salario sea del cien por cien, el coste imputado se justificará al tiempo de la liquidación con la nómina, con su correspondiente justificante de pago, y el contrato de trabajo en el que conste el objeto del mismo (impartición de la acción formativa de que se trate).

-Formadores titulares del centro o entidad de formación: En el caso de que el formador sea el Administrador de la sociedad titular de la entidad de formación, concurriendo causa legal para que por imperativo legal tenga que cotizar en el régimen de trabajadores autónomos, no existe relación contractual con la entidad sino el desempeño de una responsabilidad gerencial en la misma. No es por tanto personal contratado por la entidad para impartir formación en los términos que establece la Orden de 3 de junio de 2016.

El coste imputado se justificará al tiempo de la liquidación con la factura en la cual ha de contemplarse la retención efectuada al profesional así como su justificante de pago. En este caso el beneficiario de la subvención es una persona física o una entidad sin personalidad jurídica en régimen de atribución de rentas que imputa  costes de docencia a la acción formativa.

El coste se justificará mediante memoria de la actividad realizada, recibos de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y declaración jurada del titular del centro donde figure el número de horas impartidas, coste por hora y el importe a percibir.

Todas las facturas deben contener lo siguiente:

a) Número y, en su caso, serie.
b) La fecha de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
d) Número de identificación fiscal atribuido por la administración tributaria española con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura, y en su caso, el del destinatario y el del proveedor de los bienes o servicios.
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
f) Descripción de las operaciones, su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
g) El tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.

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